¿Basta con que la ley lo ordene para que el nuevo Sistema de Justicia Penal produzca los resultados esperados? No, debe trabajarse mucho más, dentro y fuera de los tribunales, para acercarnos a un nivel de impartición de justicia del que no nos avergoncemos.
Aún niña, influenciada de seguro por programas norteamericanos de televisión que presentaban juicios orales, le dije a mi padre, abogado, que estudiaría derecho para participar en ellos. Su respuesta, para mi decepción, fue: “En México no, aquí no hay esos juicios, se eliminaron hace tiempo”.
Así que muchos años después, cuando en 2008 se dio a conocer la reforma constitucional en materia de justicia penal, por la que “se promueve la presunción de inocencia, y se garantiza la igualdad de las partes durante el debido proceso (acusado, acusador y fiscalía)”[i] tuve sentimientos encontrados.
Coincido en que, aún pese a su dificultad, las etapas del nuevo sistema acusatorio, desde la investigación hasta los juicios orales, garantizan transparencia. ¡Al menos obligan a los jueces a estar presentes! Además podrán propiciar una policía y ministerios públicos más eficientes y eficaces.
En cuanto a esfuerzos de capacitación en el sistema, los Consejos de la Judicatura de algunos estados, del Distrito Federal y de la Federación han informado que formaron un buen número de jueces y peritos para desempeñarse en juicios orales. Al respecto, SETEC tiene en su página un documento dirigido a periodistas. Pero… ¿qué formación se está dando a los policías, a los ministerios públicos, y al personal penitenciario? De eso se conoce poco.
Además de lo anterior, me preocupa la falta de preparación de otros sujetos procesales: los denunciantes, los testigos y, sobre todo, los acusados. ¿Conocerán ellos sus nuevos derechos y obligaciones?
Debe invertirse en preparar a los abogados penalistas y a sus pasantes, pero también debe informarse y, por qué no, formarse a los miembros de la sociedad ofendidos por un delito del que fueron objeto, a los testigos y también, porque es un derecho humano que les corresponde, a los indiciados.
Para que los objetivos que busca la reforma se cumplan, el sistema debe estar totalmente implementado en junio de 2016. Pero a tan sólo un año de vencer el plazo esto parece difícil, y aún si se logra, no bastará que parte de los actores estén preparados. Falta el resto de la sociedad.
Todos deberíamos conocer el procedimiento, porque para bien o para mal nos atañe. Ésta no es una tarea que pueda hacer sólo el gobierno. La sociedad civil debe ser un apoyo importante al ofrecer a dichos actores información y capacitación, intervenir en campañas de difusión, apoyar al sistema a través de redes sociales, verificar su desempeño.
Es una responsabilidad de la sociedad toda comprender los alcances y procurar que sea una realidad la reforma más importante realizada en 100 años en materia judicial: ¡Qué podamos afirmar convencidos que en México NADIE es culpable, hasta que no se demuestre lo contrario!
Si te vieras inmerso en un litigio penal, ¿sabrías qué hacer?
¿Sabes qué papel juegan los ministerios públicos en los procesos penales?
¿Qué protección te ofrece la ley si fuiste víctima de un delito?
Si fueras el presunto culpable o indiciado, ¿cuáles son tus derechos?
Si fuiste testigo de un delito, ¿estás obligado a participar en el proceso penal?
Con el sistema de justicia penal oral ¿se requieren abogados?; y ¿sabes que por ley el estado debe proporcionarte uno?
Estas son algunas de las interrogantes que todos los ciudadanos del país deberíamos saber responder. Las respuestas a estas preguntas son la base del derecho humano del debido proceso.
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