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Herederos de Chapultepec

Se conmemora este mes los veinticinco de años de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, los cuales, gracias a los buenos oficios del entonces Secretario General de la ONU, de la comunidad internacional y a la buena voluntad de las fuerzas gubernamentales y del FMLN, le puso un fin definitivo al enfrentamiento militar que durante casi doce años se cobró más de 75,000 víctimas de uno y otro bando. Esta conmemoración, sujeta a interpretaciones y cuestionada por sus alcances e importancia, quizás nos brinde, durante los próximos meses, la oportunidad de propiciar de manera permanente, la reflexión necesaria sobre el valor de los entendimientos, del compromiso político en la búsqueda del bien común y sobre la vigencia de los derechos fundamentales como factor legitimador del poder público.

Comencemos hoy por los entendimientos que llevaron al Castillo de Chapultepec hace veinticinco años; Indudablemente un país no se desarrollará integralmente, tanto en el nivel de vida y fortalecimiento de la democracia, si no se tienen condiciones para construir un verdadero Estado de Derecho. La guerra civil que se vivía entonces era -palabras más palabras menos- la negación más absoluta de cualquier clase de convivencia basada en el respeto a la Ley, por esa razón, es que el Informe de la Comisión de la Verdad llevó por título "De la locura a la esperanza", ya que fue ese el tránsito histórico que tuvo que sufrir la sociedad salvadoreña para avanzar de la guerra a la paz.

En tal sentido, los Acuerdos de Paz no fueron un “punto de llegada”, sino más bien un “punto de partida” cuyo objetivo inmediato fue detener el enfrentamiento armado, militar, pero que a largo plazo pretendían, conforme a los compromisos previos alcanzados en Ginebra el 4 de abril de 1990, detener el conflicto, garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos, impulsar la democratización del país y re unificar a la sociedad salvadoreña. Visto en retrospectiva, nuestro país ha tenido innegables avances en la mayoría de estas cuatro materias: se creó la institucionalidad necesaria para garantizar los derechos humanos, se impulsaron reformas constitucionales necesarias para asegurar el control civil de la administración pública, en particular del aparato de seguridad, y se perfilaron de mejor manera los ámbitos de competencia de los tres órganos del Estado.

El valor de los compromisos alcanzados entonces, basados en la búsqueda de la paz y la armonía en la sociedad, implicaron renuncias para cada una de las partes y a la vez el diseño de oportunidades para nuevas formas de organización y de hacer política. Esta misma capacidad de alcanzar acuerdos nacionales, que involucren a la mayor cantidad y calidad de actores individuales y colectivos, que se sientan parte de la toma de decisiones, de la búsqueda de soluciones y de la respuesta organizada de los agentes estatales, es la que tanta falta le está haciendo al país de hoy, y es que en El Salvador pareciera que renunciamos a las armas, pero no al exterminio del que consideramos nuestro enemigo político.

Pasados veinticinco años desde la firma de los Acuerdos que le pusieron fin a una guerra, una nueva generación de salvadoreños, nacidos después del conflicto, se perfila como la legítima heredera de unos Acuerdos que pueden ser el ejemplo a seguir en la consolidación de una democracia que ha demostrado ser frágil, cuando no esquiva en nuestro país, amenazada siempre por los rasgos autoritarios que nos son tan conocidos y con el influjo constante de reservar para el ciudadano un papel de mero espectador y no de arquitecto de la sociedad en la que vive, trabaja y sueña. Con más de la mitad de la población del país formada por jóvenes, El Salvador cuenta con las fuerzas necearías para salir del sub desarrollo y de la exclusión, la democracia nos brinda libertades individuales, pero también responsabilidades colectivas en la construcción de un mejor país, así pues, los herederos de Chapultepec, pueden aprender de las lecciones resultantes de aquel proceso mientras trabajan por erradicar sus aspectos negativos, particularmente en materia de violencia e impunidad.

Por todo lo anterior, no podemos ignorar la gran potencialidad de las generaciones jóvenes en llevar a la práctica los valores que los Acuerdos de Chapultepec inspiraron; la participación creciente de activistas en favor de la democracia, la transparencia, el medio ambiente, el respeto a los derechos de las mujeres y otros colectivos ahora más activos que nunca, son la esperanza para la construcción de un mejor futuro. La fuerza del activismo joven, el uso masivo de nuevas tecnologías de la comunicación y la participación ciudadana en los mecanismos de rendición de cuentas, serán claves en los tiempos que vienen.

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