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Indignante
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Indignante

 

Los casos de nepotismo en la Asamblea Legislativa, que han sido conocidos recientemente gracias al periodismo de investigación, ponen en evidencia un problema serio de corrupción que tiene nuestro país, al abusarse en las contrataciones de servidores públicos, situación que no es nueva ni exclusiva del Órgano Legislativo, lo que ha generado una gran indignación y crea descrédito a dicho órgano de Estado, lo cual es preocupante por las implicaciones que puede tener para la democracia.

Dichos casos, que se ha conocido que suceden ampliamente en el Órgano Legislativo, no son solo por nepotismo al contratarse familiares de algunos diputados, sino que también están las contrataciones por amiguismo o compadrazgo; por afinidad política, que es el clientelismo político; y también los que tienen plaza, reciben salario y no llegan a trabajar, mejor conocido como "plazas fantasmas", siendo este un caso de repudiable corrupción, en donde la Fiscalía debería investigar e iniciar la acción penal respectiva; de igual forma, por verse involucrados recursos públicos, la Corte de Cuentas debería intervenir.

El común denominador de dichos abusos es el irrespeto a la Constitución y a la ley, pues conforme con el artículo 219, es obligatorio que el ingreso a la Administración Pública se haga con base en mérito y aptitud. Por otra parte, en los casos de nepotismo también se vulneran normas, como la Ley de Ética Gubernamental y las Disposiciones Generales del Presupuesto, por lo que instituciones como el Tribunal de Ética Gubernamental, cuestionado por su falta de eficacia, deben revertir dicha imagen y actuar aplicando la ley.

Los abusos en las contrataciones de servidores públicos que se han conocido en la Asamblea Legislativa brindan elementos para responder la pregunta de por qué no ha existido voluntad política para aprobar una nueva Ley del Servicio Público, a pesar de los esfuerzos que empezaron en los años noventa y que se retomaron desde 2010 a la fecha, y me parece que obedece a los intereses creados a partir de las contrataciones abusivas de servidores públicos, pues con dicha ley habría un régimen más estricto, más transparencia y un ente rector que velaría por el cumplimiento de la misma, por lo que los abusos conocidos no se cometerían tan fácilmente.

El 31 de diciembre pasado, La Prensa Gráfica, publicó una noticia que señala que la Cooperación Española, por medio de letrados de las Cortes Generales de España, hizo un diagnóstico sobre la situación administrativa de la Asamblea Legislativa, y que dentro de sus recomendaciones se incluyó que la contratación de empleados debía ser por mérito y capacidad, luego de encontrar que la selección de personal no responde a una planificación en función de las necesidades de la institución, sino de conveniencia política o partidista. Se mencionó que sorprende que, por ejemplo, en España, el Congreso de 350 diputados tiene 800 empleados, y que, en El Salvador, con 84 diputados se tienen 2,800 empleados.

La Asamblea Legislativa debe corregir toda práctica abusiva en la contratación de servidores públicos, dando muestras claras de voluntad política, cumpliendo rigurosamente las recomendaciones en materia de gestión de recursos humanos que contiene el mencionado diagnóstico, y aprobando pronto una buena Ley del Servicio Público, pues es indignante lo que está sucediendo.


Redacción por: Javier Castro
 
Miembro fundador de Fundación DTJ


Artículo publicado en La Prensa Gráfica

https://www.laprensagrafica.com/opinion/Indignante-20200109-0612.html
 






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